Por: Elizabeth Salazar y Geraldine Santos
09/12/2024
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En los caseríos amazónicos de la región Huánuco, donde los días son cortos por la falta de fluido eléctrico, que un celular suene cerca de la medianoche es casi siempre señal de mal augurio. Édgar —lo llamaremos así por seguridad— contestó somnoliento. Apenas logró escuchar la voz al otro lado de la línea antes de que se cortara, pero el mensaje era claro: lo estaban vigilando. El interlocutor sabía que al día siguiente unas personas llegarían a su chacra y le ordenó cancelar el encuentro porque ‘su vecino’ no quería visitas. Ese vecino es una pista de aterrizaje clandestina construida por el narcotráfico para enviar droga a Bolivia y Brasil. Una grieta abierta en el bosque que habitan los últimos indígenas kakataibo del Perú.
En 2021, el gobierno peruano promulgó el decreto que crea la Reserva Indigena Kakataibo Norte y Sur para proteger a los pueblos en aíslamiento voluntario que habitan entre las regiones de Huánuco, Ucayali y Loreto. La norma declara la intangibilidad de este territorio ancestral, pero no ha servido para frenar el avance de las redes criminales en su interior, ni mucho menos en las comunidades nativas colindantes y caseríos aledaños, como el de Édgar.
―Nuestras comunidades nativas tienen muchos problemas, desde el narcotráfico hasta la minería, la tala y la invasión de ganaderos que destruyen los bosques. Los comuneros ya no pueden vivir tranquilos. No hay oportunidad que salgan a cazar sin que se topen con cultivos de coca o pampas abiertas por los invasores ― dice un líder indígena cuya identidad protegeremos por seguridad.
Ante la pasividad del Estado, las familias nativas que viven alrededor de la Reserva Indígena han asumido la defensa de sus bosques y pueblos en aislamiento. Sin embargo, este rol le está costando la vida a sus dirigentes, sobre todo en la zona denominada Katataibo Sur. Desde el año 2020, cinco de sus habitantes fueron asesinados tras recibir amenazas por parte de narcotraficantes y madereros ilegales. La última de sus víctimas fue el dirigente Mariano Isacama Feliciano, cuyo cuerpo fue encontrado en julio pasado con evidentes signos de tortura.
En este reportaje multimedia se exponen a los promotores del despojo en la selva Kakataibo Sur. El cruce de datos georeferenciados, obtenidos a través de pedidos de acceso a la información y el scrapeo de portales públicos y plataformas de la sociedad civil, nos muestra el daño provocado por los invasores y el crimen organizado en este sector de la Amazonía, pero también la responsabilidad del Estado peruano al seguir otorgando permisos extractivos y títulos privados en un territorio que históricamente le pertenece a los indígenas.
En el último año, las declaraciones de 86 testigos, afectados y ocupantes de parcelas nos permitieron corroborar la permanencia de actividades ilegales en el bosque.
Ante la ausencia del Estado, las comunidades kakataibo han asumido la defensa de sus bosques y de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario
Los kakataibo son una etnia indígena de tradición guerrera que vive en territorios compartidos por las regiones Loreto, Ucayali y Huánuco, en la Amazonía peruana. En la zona sur, ellos habitan en seis comunidades nativas: Santa Martha, Sinchi Roca I, Sinchi Roca II, Puerto Nuevo, Unipacuyacu y Puerto Azul.
Estas seis comunidades actúan como cerco de protección para la Reserva Indígena Katataibo Sur, donde se refugian pueblos nativos en aislamiento voluntario; y el Área de Conservación Regional Codo del Pozuzo, un bosque de 10.453 hectáreas que alberga especies de flora y fauna amenazadas.
Reserva indígena Kakataibo Sur y comunidades colindantes
El cruce de mapas y datos georeferenciados muestra que el narcotráfico ha construido 11 pistas de aterrizaje clandestinas en el área de influencia de la zona Kakataibo Sur.
Tres de los aeródromos ilegales se ubican a solo 12 y 8 kilómetros de distancia del Área de Conservación Regional, a orillas del río Pozuzo. Esta ubicación les permite conectar con caminos de trocha por las que se transporta la droga desde la capital de la provincia de Puerto Inca.
El narcotráfico construyó su cuarta y quinta pista de aterrizaje clandestina en el área de ampliación solicitada por Puerto Azul, mientras que unsexto aeródromo ilegal se ubica dentro de la comunidad nativa de Puerto Nuevo, en el límite con la Reserva Indígena Kakataibo Sur. Las últimas cinco pistas están esparcidas dentro del área que logró titular lacomunidad Santa Martha y del territorio que sus líderes reclaman como zona de ampliación.
Narcopistas de aterrizaje en el territorio Kakataibo Sur
En paralelo al sobrevuelo de avionetas cargadas con droga, desde hace tres décadas los indígenas son testigos de la expansión de cultivos de hoja de coca en sus territorios. Las plantaciones ilegales han logrado atravesar la Reserva Indígena, especialmente en el tramo que limita con el área de ampliación de Puerto Azul hasta la frontera con la comunidad nativa de Unipacuyacu, el único que no ha sido titulado.
La pérdida de cobertura forestal en estos bosques se debe tanto a los cultivos ilícitos de coca, como a la presencia de madereros ilegales, agricultores y ganaderos que siembran pastizales para alimentar a sus animales. Al menos el 19,3% de las 275.203 hectáreas que ocupan las comunidades nativas, sus zonas de ampliación, el Área de Conservación Regional y la Reserva Kakataibo Sur están deforestadas.
Plantaciones ilegales de coca en amarillo / Perdida de cobertura boscosa en rojo
Deforestación en comunidades y áreas protegidas
- Global forest watch, 2023
Al impacto causado por los invasores y las actividades ilícitas se suma el accionar del Estado: en el área analizada se identifican dos concesiones petroleras, cuatro permisos mineros vigentes y otros 12 en trámite, además de cuatro autorizaciones forestales activas en su área de influencia, algunas de los cuales fueron entregadas luego de crearse oficialmente la Reserva Indigena, como se detalla en este reportaje. Como si no fuera suficiente, las autoridades políticas facilitaron la entrega de títulos de propiedad privados que se superponen o ejercen presión al territorio comunal indígena.
Santa Martha y la lucha por su territorio
Santa Martha fue la tercera comunidad en obtener un título y el único de esta etnia que lo consiguió en la región Huánuco. En 1986, los líderes indígenas consiguieron inscribir 14.699 hectáreas de su territorio ancestral y seis años después, en 1992, solicitaron una ampliación de 18.596 hectáreas,pero casi en paralelo, el territorio pretendido se convirtió en zona de disputa: indígenas y foráneos empezaron a parcelar y vender los lotes sin acreditar la posesión.
Los contratos de compra-venta a los que accedimos son documentos mecanografiados en media hoja que no especifican los límites del terreno vendido. En ellos se establece que las hectáreas serán pagadas en efectivo o en especie. Una hectárea, por ejemplo, valía 54 kilos de carne.
Desde finales de los años 90, los nuevos ocupantes comenzaron a tramitar constancias de posesión en los juzgados de paz de los distritos de Codo del Pozuzo y Puerto Inca. Este proceso coincidió con la formalización de caseríos que promovió el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR), un organismo adscrito al entonces Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de dotar de servicios básicos y educativos a los nuevos vecinos.
Este procedimiento no les aseguraba la propiedad de las parcelas, pero años después el Gobierno Regional de Huánuco les brindó una solución: entre 2011 y 2017 dicha entidad realizó tres campañas de titulación masiva en el distrito de Codo del Pozuzo. El objetivo era que los vecinos accedan a préstamos para invertir en cultivos alternativos a la hoja de coca, pero la iniciativa sirvió para terminar de entregar a privados las tierras que reclamaban los kakataibo.
Un poblador de la comunidad Santa Martha cuenta que intentaron impedir este proceso, pero fueron víctimas de agresiones por parte de los invasores y agricultores que ya ocupaban la tierra.
Jueces de paz y alcaldes propiciaron la entrega de constancias de posesión a invasores, agricultores y ganaderos en territorio indígena.
Los datos del Sistema Catastral para Predios Rurales (Sicar) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) revelan que el 91,7% de la zona de ampliación Santa Martha ya ha sido entregado a terceros. En total, son 318 los predios que obtuvieron su inscripción en Registros Públicos y en el catastro rural de la región Huánuco.
El 49,6% de la cobertura forestal en estos predios rurales ha desaparecido. Al menos 9.216 hectáreas, equivalentes a casi dos veces la ciudad de Cancún, han sido taladas o usadas para siembra y pastizales.
Predios rurales en la zona de ampliación en la comunidad Santa Martha / Narcopista en uno de los predios
Porcentaje de pérdida de cobertura forestal
- Global forest watch, 2023 -
Santa Martha
Zona de Ampliación
Dentro del territorio titulado por Santa Martha y en el área solicitada como ampliación se identifican cinco pistas de aterrizaje ilegales. El narcotráfico las construyó durante la pandemia, entre el 2021 y 2022.
Las 5 narcopistas en la zona de ampliación
De acuerdo con el análisis georeferencial, el dueño de la mayor cantidad de hectáreas en esta zona de ampliación Santa Martha es el empresario Ricardo Cillóniz Champín, presidente ejecutivo de Corporación Aceros Arequipa. Su empresa es la principal siderúrgica del Perú y tiene entre sus accionistas a dos compañías radicadas en los paraísos fiscales de Bahamas y Panamá.
Aceros Arequipa no tiene inversiones en Huánuco, pero sí una de sus socias: Celepsa, una subsidiaria del grupo Unacem que opera en esta región la Central Hidroeléctrica del Marañón a través de su filial Celepsa Renovables S.R.L. Precisamente, Cillóniz Champín es miembro del directorio de Celepsa y Aceros Arequipa es dueño del 10% de acciones.
Cillóniz Champín es primo en segundo grado de Fernando Cillóniz Benavides, exgobernador regional de Ica y empresario agroexportador, y ejerce cargos directivos en múltiples empresas. Por ejemplo, en compañías del rubro forestal y agrícola: es gerente general en la maderera Reforestadora del Norte S.A.C., con sede en la vecina región de Pasco, en Oxapampa; y es presidente del directorio de la frutícola Lindero S.A., una compañía que opera en las desérticas Pampas de Villacurí, en Ica.
Ricardo Cillóniz es dueño de dos parcelas en la zona reclamada por los kakataibo de Santa Martha: una mide 790,3 hectáreas y la otra 17,9 hectáreas. Solo la extensión de la primera equivale a dos veces el distrito limeño de Magdalena del Mar. Aunque otros dueños poseen hasta siete terrenos en el mismo sector, estos no miden ni la mitad de las 808 hectáreas que posee el mencionado empresario.
Los mapas del Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas (Siscod) de Devida muestran la infiltración de plantaciones ilegales en los límites delterreno de Cillóniz Champín. Estos cultivos de coca se ubican en el límite con las comunidades nativas deUnipacuyacu ySanta Martha.
El empresario Ricardo Cillóniz tiene el terreno más grande en ampliación Santa Martha y está rodeada de plantaciones ilegales
A cuatro parcelas de distancia del predio de Cillóniz Champín se identifica una pista de aterrizaje clandestina. Esta se ubica en un terreno de 94 hectáreas registrado a nombre deGilberto C.F., un agricultor de 56 años, migrante de la ciudad de Pozuzo y residente en Ucayali.
El aeródromo ilegal fue construido en noviembre de 2020 en lo que ahora se conoce como caserío Nuevo Frontón, y se ubica a solouna hora de camino de la comunidad Unipacuyacu.Se desconoce si Gilberto C.F. ocupa la parcela o si la puso en alquiler. Intentamos contactar con él, pero no fue posible. Los vecinos del caserío dicen no conocerlo, y en la Municipalidad de Codo del Pozuzo se negaron a dar información sobre él y sus aportes prediales.
La titulación de Cillóniz
Cillóniz y sus vecinos se convirtieron en dueños de estas tierras en el marco de la campaña de titulación masiva que impulsó el Gobierno Regional de Huánuco. Dicha entidad aprobó la Resolución Directoral N° 0360-2014 para adjudicarse terrenos supuestamente libres y los inscribió en Registros Públicos. Luego, los dividió a favor de 13 personas: madereros, ganaderos y el mencionado empresario. Para concretar este trámite, ellos debieron demostrar que ocupaban estas tierras, pero en los archivos de Puerto Inca no hay información al respecto.
Las coordenadas muestran que uno de los avistamientos de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) ocurrió dentro del área que terminó independizada a favor del citado empresario y sus vecinos.
Cuando se emitió la resolución, en 2014, el Estado aún no reconocía oficialmente la existencia de PIACI de la etnia Kakataibo. Sin embargo, un año antes el Viceministerio de Interculturalidad ya había autorizado a un equipo a realizar un Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) para cotejar 18 testimonios sobre la existencia de personas en aislamiento en la ruta de Puerto Azul, Puerto Nuevo, Santa Martha y Unipacuyacu. Su posterior confirmación fue el sustento para aprobar el Decreto Supremo N.° 004-2017-MC que crea la Reserva Indigena Kakataibo.
La resolución que aprobó la entrega de estos terrenos se aprobó el 18 de diciembre del 2014, en la gestión del entonces gobernador de Huánuco y actual congresista por Podemos Perú, Luis Picón Quedo, recientemente condenado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción cuando lideraba la región. La subdivisión de los predios en Registros Públicos se realizó entre abril y agosto de 2015, en el periodo del gobernador Rubén Alva Ochoa. Ninguno de ellos quiso declarar para este reportaje.
Solicitamos una entrevista con Cillóniz Champín a través de correos electrónicos y vía telefónica con su secretaria en Aceros Arequipa. Ella indicó que el empresario se encuentra fuera del país, pero que su representante legal ya tenía conocimiento de nuestro pedido y que de no haber respuesta era “porque no están interesados”. Hasta el cierre de edición no devolvieron las comunicaciones.
Hectáreas adjudicadas a Cillóniz y sus vecinos*Adquirió la parcela luego de la independización del gobierno regionalFuente: Sicar - Midagri
El despojo del territorio solicitado por los indígenas de Santa Martha se concretó con apoyo de las autoridades de Huánuco cuando el pedido de los comuneros seguía en trámite. En los archivos regionales encontramos un documento de 1997 donde el área legal de la Dirección Regional de Agricultura recomienda declarar improcedente el reclamo, pero no se concretó. El especialista de la ONG Instituto del Bien Común (IBC), Ermeto Tuesta, recuerda que los líderes indígenas fueron notificados de estas intenciones una década después, en 2007.
Otro informe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), de 2009, indica que hasta ese año no existía una resolución formal de archivo, pese a que ya tenían 332 predios en proceso de formalización en estos bosques. Es más, en el expediente regional de 2014, que aprueba la parcelación a favor de Cillóniz y sus vecinos, se incluyen mapas de Cofopri donde aún aparece el área de ampliación de Santa Martha.
¿Cuándo se archivó o desestimó el pedido de la comunidad nativa? Coordinamos una entrevista presencial con el actual gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, pero tras escuchar las preguntas, él nos pidió suspender el encuentro alegando no tener suficiente información de los procesos de titulación y la presencia de invasores en las zonas kakataibo. Hasta el cierre de edición, no aceptó una reprogramación.
La Agencia Agraria de la provincia de Puerto Inca es la oficina que tramita y archiva las constancias de posesión para predios rústicos en Huánuco. Sin embargo, sus expedientes son rumas de papeles desordenados e incompletos que se almacenan en viejos estantes de madera. Algunos folios están cubiertos de telarañas y excremento de roedores, otros se almacenan apilados en el suelo o tienen la tinta corrida por el agua de lluvia que se filtra del techo. Hoy es imposible conocer la identidad de todos los que comercializaron las tierras que reclaman los kakataibo de Santa Martha.
Sixto Arce Cárdenas es director de esta oficina desde marzo de 2023. Él asegura que el desorden documentario ya existía cuando asumió el cargo, y que los pocos archivos que debían estar digitalizados tampoco fueron hallados. Por ello, dice, hoy no se pueden rastrear los antecedentes de los predios rurales.
―No creo que el desorden haya generado el tráfico de tierras (...) lo que sí pudo ocurrir es que se trató de desaparecer documentos que se emitieron fuera de la ley. El desorden de los expedientes puede significar que se trataron de desaparecer constancias que se dieron por lo bajo, pero no podremos saberlo porque no hay rastros.
―¿Los archivos se borraron a propósito?
―[Silencio] No, no puedo asegurar eso. Mi gestión no dio constancias de posesión. Creo que es más desorden que pérdida de documentos… Sí, sí, es desorden. Dudo que se haya favorecido al tráfico de tierras.
El narco tomó las concesiones forestales
Cuatro de los seis pueblos que rodean la Reserva Indígena Kakataibo Sur fueron titulados por el Estado hace décadas: Santa Martha en 1986, Sinchi Roca I en 1974 y 1986, Sinchi Roca II en 1994, y Puerto Nuevo en 1985 y 1994. No se aprobaron nuevas inscripciones hasta el 2006, año en que la comunidad nativa de Puerto Azul obtuvo un título que solo reconoce el 10% de las 32 mil hectáreas que históricamente le corresponden. El territorio restante sigue en trámite desde 1991 y atraviesa las regiones de Ucayali y Huánuco, en el límite con la Reserva Indígena.
La zona en disputa atraviesa las provincias de Padre Abad (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco), y en su interior se identifican dos concesiones madereras otorgadas por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) en 2002. Ambos permisos fueron anulados entre 2015 y 2018, luego que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna (Osinfor) determinó que las empresas beneficiarias realizaron prácticas ilegales.
Las concesionarias fueron Proyect World Green Perú, del empresario Thomas Benavente Jaramillo; y Empresa Forestal El Aguajal propiedad de los hermanos Marcelo y José Luis Maguiña Paredes. Este último fue tres veces alcalde de la provincia de Padre Abad y obtuvo la concesión forestal meses antes de ser electo. Solo el área otorgada a Forestal El Aguajal tiene una extensión de 17.774 hectáreas; cuatro veces más grande que el territorio titulado a favor de la comunidad Puerto Azul.
Esta empresa fue incluida en la lista roja del Osinfor por facilitar el transporte y extracción ilegal de árboles como tornillo, lupuna y shihuahuaco; mientras que a Proyect World Green Perú se le investigó por incumplir su plan de manejo forestal y apeló la decisión hasta el Tribunal Constitucional. En sus argumentos de defensa ambas compañías dijeron ser víctimas de invasores que talaban sin permiso para comercializar madera, sembrar pastizales u hoja de coca ilegal. En específico, Proyect World reportó que los usurpadores abrieron una trocha clandestina de hasta 43 kilómetros para conectar su concesión con la ciudad de Aguaytía, capital del distrito de Padre Abad.
En el polígono analizado aparece otro permiso forestal vencido que se otorgó en 2003 junto a la Reserva Kakataibo Sur Esta fue aprobada sobre un área de 4.682 hectáreas a favor de Lander Panduro Rengifo, un empresario maderero que aparece en la lista roja de Osinfor por malas prácticas.
Estas concesiones forestales retornaron a la administración del Estado, pero, las dos primeras han sido tomadas por el crimen organizado.
Los mapas de Devida muestran la presencia de cultivos ilegales dentro y alrededor de las comunidades kakataibo.
El narcotráfico abrió una pista de aterrizaje clandestina dentro de la concesión de Proyect World Green en diciembre de 2015, cuando la empresa aún estaba apelando la orden de caducidad que ordenó el Osinfor. La policía informó que este camino fue detonado en mayo pasado
Un segundo aeródromo ilegalse construyó el año 2020 dentro del terreno que ocupaba la Empresa Forestal El Aguajal, a poca distancia del territorio titulado porPuerto Azul.Una tercera pista apareció en mayo de 2021 en la comunidad nativa de Puerto Nuevo, cerca al límite de la ex concesión y laReserva Kakataibo Sur.
Los mapas del Sistema de Información de Lucha Contra las Drogas (Siscod) de Devida confirman que estas tres zonas de aterrizaje están rodeadas de plantaciones ilegales.
Narcopistas en: concesión de Proyect World Green (1), Empresa Forestal El Aguajal (2), comunidad nativa Puero Nuevo (3); Presencia de plantaciones ilegales dentro de las conseciones (4)
Dentro del territorio que reclama Puerto Azulencontramos una concesión maderera vigente que se sobrepone con la Reserva Indígena Kakataibo Suren un 9%. El permiso fue otorgado en 2003 al empresario Gustavo Gotardo Alcázar Serna, gerente de cinco empresas madereras en Ucayali y Junín. El área de extracción fue autorizada por 40 años en el distrito de Codo del Pozuzo, en Huánuco, y en su interior se identifican cultivos ilícitos de coca.
En 2022, Alcázar Serna presentó una acción de amparo en la Corte Superior de Justicia de Ucayali contra el decreto que crea la Reserva Indígena Kakataibo, alegando que invade su concesión maderera. El Ministerio de Cultura reconoce que este permiso es legítimo, y que su posible modificación para preservar el área intangible no será automática. Intentamos comunicarnos con el empresario, pero no fue posible.
Conseción maderera a nombre de Gustavo Gotardo Alcázar Serna
En el límite de los pueblos kakataibo se identifican otras tres concesiones madereras activas que presionan sus bosques. La primera se ubica en un terreno contiguo a la comunidad nativa de Sinchi Roca y se muestra ampliamente deforestada. La segunda se superpone parcialmente con el mencionado territorio indígena, y la tercera colinda con Puerto Nuevo. Estas parcelas ya muestran infiltración de cultivos ilegales de coca y sus permisos son vigentes hasta el año 2043.
Además de los cocaleros, este sector de la Amazonía es codiciado por taladores ilegales que buscan grandes árboles de caoba, tornillo y lupuna para su comercialización. Sin embargo, no se puede conocer con certeza cuánta madera sale de Huánuco porque las guías de transporte que exige el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) son llenadas por los funcionarios regionales a mano, en cuadernos. A diferencia de Ucayali, y pese a albergar pueblos indígenas y bosques, Huánuco no cuenta con gerencias especializadas en materia forestal ni comunidades nativas.
—En Huánuco no existen registros digitales que nos permitan ver los trámites en línea. Todo se llena en cuadernos. Cuando necesitamos confirmar la madera que sale de esta región hasta Ucayali debemos llamar directamente a los trabajadores de la Administración Técnica Forestal de Puerto Inca y cotejar cada dato —explica Franz Tang Jara, gerente forestal de la vecina región de Ucayali.
Ganaderos, madereros y agricultores son algunos de los que también ocupan este territorio ancestral.
Petróleo y oro en tierras indígenas
En la pérdida de las tierras ancestrales que los kakataibo reclamaban por más de dos décadas, las empresas extractivas también tienen participación. Los datos georeferenciados de Perupetro, empresa que representa al gobierno peruano en sus negocios de hidrocarburos, muestran dos concesiones petroleras que fueron entregadas encima de este territorio, antes de que fueran delimitadas oficialmente por el Estado.
La primera es el Lote 107, adjudicada en 2005 a Petrolífera Petroleum del Perú S.A.C. Este se sobrepone parcialmente con el Área de Conservación Regional Codo del Pozuzo,un ecosistema de bosques húmedos que los kakataibo protegen porque es allí donde nace el agua para las comunidades aledañas.
Los mapas del Ministerio de Cultura también lo posicionan en parte de laReserva Indígena Kakataibo Sur, y en su interior se hallaron indicios de la presencia de pueblos en aislamiento. En el plan de protección de esta zona intangible, el sector Cultura advierte que la cercanía de la concesión la convierte en un “posible agente de riesgo de contacto y transmisión de enfermedades” para esta población.
Por lo pronto, la petrolera ya inició los trámites para perforar ocho pozos exploratorios desde 2025.
Conseciones foretales
La segunda concesión es elLote 131, entregado a la española Cepsa S.A. en 2007, sobre unterritorio que atraviesa un extremode la comunidad nativa Sinchi Roca, que ya existía desde fines de los 70.
Ambas concesiones fueron adquiridas en 2024 por la canadiense PetroTal Corp., matriz de PetroTal Perú, que produce el 50% de barriles de petróleo en el país. Esta empresa estima que podrán extraer hasta 900 barriles diarios del Lote 131 cuando sus pozos entren en funcionamiento.
Petrotal también realiza actividades extractivas en el Lote 95, en la región amazónica de Loreto, donde ha sido cuestionada por incumplir sus compromisos sociales con la etnia kukama-kukamiria.
Conseciones petroleras
La petrolera respondió asegurando que el Lote 107 no se superpone con la Reserva Indígena Kakataibo Sur, y que en el caso del Área de Conservación Regional Codo del Pozuzo, ellos mismos enviaron un escrito para dar conformidad a su creación en 2021, pese a que cruza con parte del derecho que adquirieron en 2005. Sin embargo, precisaron que “no hay interés geológico en dicha área” porque sus pozos de exploración se ubican en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, en la vecina región Pasco.
Respecto al Lote 131, indicaron que PetroTal Corp. firmó un acuerdo con la empresa Cepsa para adjudicarse el contrato, el mismo que está sujeto al cumplimiento de condiciones como continuar los trabajos de exploración en el campamento Los Ángeles, que se encuentra fuera del territorio de la comunidad nativa Sinchi Roca.
Si bien los permisos forestales y petroleros son anteriores al 2021, año en que el Estado oficializó la Reserva Indígena Kakataibo, las imágenes satelitales y documentos analizados confirman que el Estado aprobó cuatro concesiones mineras dentro de este territorio cuando ya se había declarado su carácter intangible.
Se pudo identificar cuatro concesiones mineras que se superponen con laReserva Indígena Kakataibo Sury lacomunidad nativa Unipacuyacu.Estas fueron autorizadas por Henry Luna Córdova, presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet); y por Vilma Vilcas Melchor, de la Dirección Regional de Energía y Minas de Huánuco, entre mayo de 2023 y julio de 2024. El área total es de 2.000 hectáreas.
Los beneficiarios son Luz Marina Cutipa Quispe, dueña de las concesiones Señor de Huanca 19 y Señor de Huanca 20; Lerjons LLins Rivera Castro, con la concesión Riverlao de Puerto Nuevo; y Juan Núñez Calderón, con Pampa Hermosa Amazon. Intentamos entrevistarlos, pero no fue posible, Cutipa Quispe indicó que no hablaría para este reportaje.
Dentro de Unipacuyacu identificamos otra concesión minera que está en trámite y se superpone en su totalidad con la comunidad nativa. Su extensión es de 400 hectáreas y fue solicitada por Inocencio Obed Elisaf. Un segundo petitorio de 100 hectáreas cruza parcialmente la Reserva Indígena y está a nombre de Elizabeth Gómez Albitres.
Conseciones mineras
También se identificarontres solicitudes de concesionesmineras dentro del territorio titulado por la comunidad nativa de Puerto Azul yotros seis petitoriosen sus bosques colindantes y dentro de lazona de ampliaciónque sigue en trámite.
Elúltimo derecho minerosolicitado en tierras kakataibo mide 400 hectáreas y se ubica dentro de lacomunidad de Puerto Nuevo.Su promotor es la empresa Corner General Service S.A.C.
Conseciones mineras en Puerto Azul y su área de ampliación (1); Conseción minera en la comunidad nativa de Puerto Nuevo (2)
Los bosques kakataibo lucen enormes parches de deforestación en el sector que corresponde al distrito de Codo del Pozuzo.
La entrega de concesiones privadas en pueblos en aislamiento vulnera las recomendaciones de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2013, esta institución emitió un informe donde se pide a los gobiernos abstenerse de otorgar licencias o permisos para realizar actividades extractivas en estas zonas y, en caso ya se hayan otorgado, sugiere identificar las modificaciones necesarias “para garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas (...) y realizarlas a la brevedad”.
En los expedientes de las cuatro concesiones activas se adjuntan oficios del Ministerio de Cultura y del Serfor que advierten de la superposición con las tierras kakataibo. Por ejemplo, la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento (DACI) del sector Cultura señala que en un el 88,4% de Pampa Hermosa Amazon atraviesa la Reserva Indígena, ecosistemas frágiles y un bosque de producción permanente.
“Esta superposición del polígono del petitorio minero amenaza directamente los medios que aseguran la supervivencia del pueblo indígena en situación de aislamiento (PIA Kakataibo), al tratarse de pueblos altamente integrados e interdependientes de los ecosistemas en los que habitan, desarrollan sus vidas y su cultura. Además, el ingreso a esta zona significaría una violación a los derechos de los PIA Kakataibo”, adviertió el sector Cultura en uno de los oficios enviados al Gobierno Regional de Huánuco.
Sin embargo, esto no fue impedimento para su aprobación, en julio de 2024. En el expediente se asegura que no habrá afectación a los pueblos indígenas porque la autorización otorgada a Pampa Hermosa Amazon no implica la explotación de recursos.
—Es una concesión parcial. Se les autoriza el uso, pero en la misma resolución dice que se deben respetar los derechos preexistentes. Ellos no podrán entrar a la Reserva Indígena, de hacerlo sería minería ilegal. Solo pueden entrar a la zona libre —dijo para este reportaje Vilma Vilcas Melchor, directora regional que aprobó el trámite.
La zona donde se otorgaron las concesiones mineras corresponde a Codo del Pozuzo, un distrito donde la minería ilegal de oro se expande velozmente junto a los ríos. Así lo confirman las autoridades locales y un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú). No es posible conocer cuántos ilegales e informales se han posicionado en este sector, pero la ambición por el oro está aumentando. Solo en las cuencas de los ríos Aguaytía, Sungaroyacu y Codo del Pozuzo —fuera de las comunidades kakataibo y del área intangible— logramos identificar 40 concesiones mineras tituladas y otras 19 en trámite.
Unipacuyacu: la legalización del despojo
La fotografía de Arbildo Meléndez Grandez pasa de mano en mano entre los hombres y mujeres que se han reunido en el local comunal de Unipacuyacu para recibirnos. No veían su imagen desde hace cuatro años, en 2020, cuando fue asesinado con un disparo de escopeta. Unos sonríen, otros se tocan la cabeza o intercambian miradas al recordar al líder kakataibo. “Arbildo hablaba mejor que todos nosotros. Iba a las reuniones con autoridades, denunciaba la invasión, la tala del bosque y a los narcos, por eso murió”, dice uno de sus habitantes.
Arbildo Meléndez fue el primer defensor ambiental asesinado en Perú durante la pandemia. Su perpetrador, Redy Rabel Ibarra Córdoba, fue sentenciado a 4 años 7 meses de cárcel por homicidio culposo, tras alegar que estaba de caza y confundió al apu con un animal, pero para los indígenas esta versión no es creíble. Ellos aseguran que lo mataron por defender sus tierras. “Unos meses antes, Arbildo se había reunido con el relator especial por los derechos humanos de la ONU para solicitar apoyo en la titulación de la comunidad”, afirma Ricardo Pereyra Octavio, uno de los líderes de la comunidad.
A cuatro años del asesinato de Arbildo Meléndez, los kakataibos volvieron a ver el rostro de su líder.
La comunidad nativa de Unipacuyacu es el único de los pueblos kakataibo que no ha sido titulado en el sector que corresponde a Huánuco, específicamente en el distrito de Codo del Pozuzo. El trámite está encarpetado en el gobierno regional desde hace casi tres décadas, pese a que en 1995 el Ministerio de Agricultura lo reconoció como pueblo indígena.
Su territorio ancestral y despensa natural de alimentos comprende unas 22.946 hectáreas —una extensión similar a toda la ciudad de La Plata, en Argentina—, pero en todo este tiempo de silencio estatal, grupos vinculados al tráfico de tierras, narcotráfico y la tala ilegal consiguieron replegar a sus habitantes a un área que representa menos del 0.01%.
—No podemos entrar al bosque, no podemos cazar, no tenemos chacras, solo un pequeño espacio para nuestras casas. Vivimos hacinados. Hay caminos que no podemos pasar porque hay personas armadas ahí, nos han despojado de nuestra propia tierra —cuenta un habitante de la comunidad.
Los comuneros empezaron a huir de Unipacuyacu por las amenazas que recibían de personas vinculadas al narcotráfico y la tala ilegal, pero ahora, cuatro años después del crimen, los kakataibo han retornado al pueblo para insistir en la defensa de sus bosques y la titulación de sus tierras comunales.
—Exigimos el título porque con él podremos desalojar a los invasores de nuestras tierras. Será difícil retirarlos, pero tendremos seguridad legal para defendernos de la invasión —dice un líder de Unipacuyacu.
Los invasores han instalado mallas metálicas para cercar a las familias de Unipacuyacu y alejarlas de sus bosques.
Los 28 adultos y niños que viven en Unipacuyacu estánhacinados en apenas tres hectáreas,de la comunidad. Sus casas, el local comunal, la única escuela primaria y la cancha deportiva están rodeadas por alambres de púas instalados por los invasores.
Los mapas de Devida muestran que el área que hoy ocupan los kakataibo de Unipacuyacu está cercada porsembríos ilícitos de hoja de coca.
El cruce de datos satelitales confirma que esta comunidad ha perdido 7.634 hectáreas de cobertura forestal,lo que equivale al 36% de su territorio.
Ubicación de las viviendas (1 y 2), plantaciones ilegales de coca (3) y deforestación (4) en la comunidad Unipacuyacu
Desde 2019, el encargado de la fase operativa de la titulación de Unipacuyacu fue el Midagri, a través del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3). Este encargó a la empresa SITG S.A. la elaboración del diagnóstico socioambiental, arqueológico y territorial de la comunidad, un requisito esencial para aprobar el trámite. Para ello se realizaron recorridos en el bosque en los que el apu Arbildo Meléndez fue un apoyo clave. Su foto aparece en la portada del estudio junto a los ingenieros responsables.
El informe de SITG S.A. se presentó en marzo del 2020 al Midagri y a la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, pero esta última no cumplió con emitir una opinión al respecto. Desde enero del 2023, la fase operativa y administrativa de la titulación están a cargo del gobierno regional, y se necesita actualizar la demarcación limítrofe en el campo. Sin embargo, dicha labor se ha visto obstruida por nuevos grupos de invasores que llegaron en la pandemia. Las autoridades y comuneros reportan ataques con armas de fuego a todo aquel que intenta adentrarse en la zona.
Consultados al respecto, el equipo técnico del PTRT3 Huánuco respondió por escrito que no tienen planeado volver a ingresar al bosque. “No se ha efectuado acciones de planeamiento y programación de los trabajos de campo para el inicio de la demarcación del territorio de Unipacuyacu, debido a que no existen las garantías necesarias para cautelar la vida y la integridad del personal GTS [Grupos de Trabajo Supervisados], representantes de la comunidad ni comuneros en general”, indicaron.
El río es un medio de control del crimen organizado en los ríos que conectan con Unipacuyacu.
En abril de 2024 los líderes de la comunidad nativa presentaron una demanda de amparo contra la Dirección Regional de Agricultura por no garantizar la protección de sus derechos fundamentales a la propiedad y posesión de territorios ancestrales. Hasta la fecha el Poder Judicial no emite respuesta.
En agosto pasado, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia instaló la mesa regional para la protección de defensores; un espacio que permitió concretar reuniones entre el sector Agricultura e Interior, la Policía Nacional, el gobierno regional y dirigentes amazónicos para completar el saneamiento físico legal de Unipacuyacu. La Policía logró diseñar un plan de inteligencia para colocar los hitos faltantes de forma segura, con el despliegue de 4 brigadas conformadas por camionetas, un escuadrón policial y personal técnico. Su objetivo era ingresar de forma inmediata, sin embargo, las coordinaciones quedaron trabadas.
Los líderes de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) explicaron que la Dirección de Agricultura de Huánuco y el PTRT-3 dijeron que necesitan varios meses para conformar sus respectivos equipos. Ellos consideran que esto demuestra el desinterés del gobierno regional por ayudar a las comunidad kakataibo, sobre todo luego que en las mencionadas reuniones, la coordinadora del PTRT-3 Judith Trujillo mencionó que parte del expediente de Unipacuyacu ha desaparecido. Nos comunicamos con el Ministerio de Cultura, pero no respondieron para este reportaje.
A diferencia de lo que ocurrió en Santa Martha, en Unipacuyacu las autoridades no han titulado predios a favor de privados, pero sí se avaló la expansión de núcleos poblacionales en su interior. En 2008, el entonces alcalde provincial de Puerto Inca, Leonidas Melanio Núñez Vera, firmó las resoluciones que crearon caseríos y el centro poblado de Nueva Libertad sobre un área que se superpone a la comunidad nativa.
—Si entregué un reconocimiento como centro poblado a Nueva Libertad fue por la necesidad que había en el lugar. Eso no significa que son dueños de la tierra, solo fue para que el Estado pueda atender sus necesidades, como implementar una escuelita. Para aprobar el reconocimiento se convocó a sesión de Concejo y se inspeccionó el terreno para ver quiénes habitaban ahí. Encontramos más de 60 familias. El asesor legal recomendó reconocerlos porque había muchas necesidades —dice el exalcalde Núñez Vera.
Él asegura que, en aquel entonces no habían sido notificados de algún título o proceso en trámite que hubieran iniciado los comuneros de Unipacuyacu. Este pedido, sin embargo, se gestiona ante el gobierno regional, no ante el despacho provincial. No solo se omitió consultar a la región antes de aprobar el trámite, sino que este es ilegítimo porque la Ley 27795 señala que la categorización de los centros poblados es una función exclusiva de los gobiernos regionales.
—Nunca recibí un documento en contra del Gobierno Regional de Huánuco por el reconocimiento de Nueva Libertad —añade el exalcalde provincial.
Hasta el momento, el centro poblado ni la comunidad nativa han logrado concretar la titulación.
El presidente de la ronda campesina de Nueva Libertad es Miguel Ángel Quispe García, quien dice representar a 120 parceleros que se dedican a la ganadería y al cultivo de plátanos, piña y papaya. Afirma que los invasores son los kakataibo y que muchos de los comuneros que reclaman el territorio ni siquiera pertenecen a esta etnia.
—La comunidad Unipacuyacu está asentada al margen izquierdo del río Zúngaro, nosotros estamos en el lado derecho. Ellos [los kakataibo] no tienen manejo de tierras, ni conservación de bosques, no hay evidencia de su trabajo (...) Me han denunciado por secuestro, asesinato y amenazas, pero son calumnias. No he cometido ninguno de esos delitos. Yo vivo en esas tierras desde los 80, estoy casado con una kakataibo —añadió Quispe García.
El dirigente de este centro poblado asegura que en 2019 sus habitantes consiguieron que la Agencia Agraria de Puerto Inca les entregue constancias de posesión individuales sobre estas mismas tierras. Como prueba, mostró una hoja membretada con el logo de esta oficina y el número 045-20219-GR-DRA-HCO/AA-PI, a nombre de Esteban Vingolea Rivera y Angela Satalay Perez. Este documento supuestamente acredita que ambos son posesionarios de una parcela 105 hectáreas en el sector Nueva Libertad, pero no lleva sello o nombre del firmante, solo un trazo al pie de página.
Compartimos el documento con el actual director de la Agencia Agraria, Sixto Arce, quien señaló que no puede verificar su legalidad debido a que no cuentan con los archivos de registros otorgados ese año.
Cuatro ríos delimitan la comunidad Unipacuyacu, la única que no ha podido ser titulada por la violencia que ejercen los invasores.
Hoy Nueva Libertad es un pueblo con internet satelital, reservorios de agua y paneles solares. Cuenta con un colegio multigrado, de cemento y ladrillos, construido en 2021 con recursos de los propios padres de familia, para atender a los únicos 17 alumnos del pueblo.
—Aquí se puede conseguir una hectárea de tierra a 5 mil soles, pero es bosque. Si quieres un terreno en pampa vale 15 mil soles, pero podemos llegar a un acuerdo —nos dice uno de sus vecinos.
La mayoría de familias señala que sus ingresos provienen de la agricultura, ganadería o el alquiler de tierras de cultivo, aunque reconocen que algunos tienen sembríos de cocales y saben de unos pocos que transportan droga. Los datos satelitales y mapas de Devida muestran que las plantaciones ilegales de coca se expanden en el territorio ocupado por Nueva Libertad. Sin embargo, su dirigente dice que eso es falso.
—Dicen que tenemos aeropuertos y hoja de coca, pero no es cierto. Hemos pedido a las autoridades que vengan a supervisar, que ingresen para que comprueben que no tenemos nada. En el 2004 Devida ingresó a Nueva Libertad porque antes había coca, todo esto era monte. Nos ayudaron a instalar nuestra escuelita. Lo malo de Devida es que encuentran un cuarto de hectárea de coca y lo maximizan —añade Quispe García.
Pese a que los datos de Devida son públicos, el actual alcalde de la provincia de Puerto Inca, Carlos Cruzado Navarro, tiene una opinión similar sobre el avance de los sembríos ilícitos en las comunidades nativas y en todo el distrito de Codo del Pozuzo. Dice que “parece cuento”.
—Desconozco si hay hoja de coca en Codo del Pozuzo. Lo que sí hay es minería ilegal, en varios puntos de la provincia, y está perjudicando al medio ambiente y el agua que usamos para nuestros negocios de cultivo y ganado. La coca era hace 20 a 10 años atrás, ahora parece cuento porque en la actualidad toda esa zona es ganadera. Los pobladores tienen ganado y cultivos de cacao, a eso se dedica la mayoría. Yo mismo soy ganadero desde hace 20 años atrás —señaló.
En Nueva Libertad, los vecinos refieren que hay tramos del bosque tomado por los cocaleros y el crimen organizado a los que no pueden ingresar por temor a ser baleados. Pero este grado de violencia no parece ser el mayor problema para los hombres y mujeres que entrevistamos en el centro poblado, sino evitar que los kakataibo de Unipacuyacu recuperen sus tierras.
—No nos vamos a ir. Pelearemos hasta lo último porque esta tierra ahora es nuestra —dice una de las invasoras.