En los caseríos amazónicos de la región Huánuco, donde los días son cortos por la falta de fluido eléctrico, que un celular suene cerca de la medianoche es casi siempre señal de mal augurio. Édgar —lo llamaremos así por seguridad— contestó somnoliento. Apenas logró escuchar la voz al otro lado de la línea antes de que se cortara, pero el mensaje era claro: lo estaban vigilando. El interlocutor sabía que al día siguiente unas personas llegarían a su chacra y le ordenó cancelar el encuentro porque ‘su vecino’ no quería visitas. Ese vecino es una pista de aterrizaje clandestina construida por el narcotráfico para enviar droga a Bolivia y Brasil. Una grieta abierta en el bosque que habitan los últimos indígenas kakataibo del Perú.

En 2021, el gobierno peruano promulgó el decreto que crea la Reserva Indigena Kakataibo Norte y Sur para proteger a los pueblos en aíslamiento voluntario que habitan entre las regiones de Huánuco, Ucayali y Loreto. La norma declara la intangibilidad de este territorio ancestral, pero no ha servido para frenar el avance de las redes criminales en su interior, ni mucho menos en las comunidades nativas colindantes y caseríos aledaños, como el de Édgar.

―Nuestras comunidades nativas tienen muchos problemas, desde el narcotráfico hasta la minería, la tala y la invasión de ganaderos que destruyen los bosques. Los comuneros ya no pueden vivir tranquilos. No hay oportunidad que salgan a cazar sin que se topen con cultivos de coca o pampas abiertas por los invasores ― dice un líder indígena cuya identidad protegeremos por seguridad.

Ante la pasividad del Estado, las familias nativas que viven alrededor de la Reserva Indígena han asumido la defensa de sus bosques y pueblos en aislamiento. Sin embargo, este rol le está costando la vida a sus dirigentes, sobre todo en la zona denominada Katataibo Sur. Desde el año 2020, cinco de sus habitantes fueron asesinados tras recibir amenazas por parte de narcotraficantes y madereros ilegales. La última de sus víctimas fue el dirigente Mariano Isacama Feliciano, cuyo cuerpo fue encontrado en julio pasado con evidentes signos de tortura.

En este reportaje multimedia se exponen a los promotores del despojo en la selva Kakataibo Sur. El cruce de datos georeferenciados, obtenidos a través de pedidos de acceso a la información y el scrapeo de portales públicos y plataformas de la sociedad civil, nos muestra el daño provocado por los invasores y el crimen organizado en este sector de la Amazonía, pero también la responsabilidad del Estado peruano al seguir otorgando permisos extractivos y títulos privados en un territorio que históricamente le pertenece a los indígenas.

En el último año, las declaraciones de 86 testigos, afectados y ocupantes de parcelas nos permitieron corroborar la permanencia de actividades ilegales en el bosque.

Santa Martha y la lucha por su territorio

Santa Martha fue la tercera comunidad en obtener un título y el único de esta etnia que lo consiguió en la región Huánuco. En 1986, los líderes indígenas consiguieron inscribir 14.699 hectáreas de su territorio ancestral y seis años después, en 1992, solicitaron una ampliación de 18.596 hectáreas,pero casi en paralelo, el territorio pretendido se convirtió en zona de disputa: indígenas y foráneos empezaron a parcelar y vender los lotes sin acreditar la posesión.

Los contratos de compra-venta a los que accedimos son documentos mecanografiados en media hoja que no especifican los límites del terreno vendido. En ellos se establece que las hectáreas serán pagadas en efectivo o en especie. Una hectárea, por ejemplo, valía 54 kilos de carne.

Desde finales de los años 90, los nuevos ocupantes comenzaron a tramitar constancias de posesión en los juzgados de paz de los distritos de Codo del Pozuzo y Puerto Inca. Este proceso coincidió con la formalización de caseríos que promovió el Consejo Transitorio de Administración Regional (CTAR), un organismo adscrito al entonces Ministerio de la Presidencia, con la finalidad de dotar de servicios básicos y educativos a los nuevos vecinos.

Este procedimiento no les aseguraba la propiedad de las parcelas, pero años después el Gobierno Regional de Huánuco les brindó una solución: entre 2011 y 2017 dicha entidad realizó tres campañas de titulación masiva en el distrito de Codo del Pozuzo. El objetivo era que los vecinos accedan a préstamos para invertir en cultivos alternativos a la hoja de coca, pero la iniciativa sirvió para terminar de entregar a privados las tierras que reclamaban los kakataibo.

Un poblador de la comunidad Santa Martha cuenta que intentaron impedir este proceso, pero fueron víctimas de agresiones por parte de los invasores y agricultores que ya ocupaban la tierra.

La titulación de Cillóniz

Cillóniz y sus vecinos se convirtieron en dueños de estas tierras en el marco de la campaña de titulación masiva que impulsó el Gobierno Regional de Huánuco. Dicha entidad aprobó la Resolución Directoral N° 0360-2014 para adjudicarse terrenos supuestamente libres y los inscribió en Registros Públicos. Luego, los dividió a favor de 13 personas: madereros, ganaderos y el mencionado empresario. Para concretar este trámite, ellos debieron demostrar que ocupaban estas tierras, pero en los archivos de Puerto Inca no hay información al respecto.

Las coordenadas muestran que uno de los avistamientos de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) ocurrió dentro del área que terminó independizada a favor del citado empresario y sus vecinos.

Cuando se emitió la resolución, en 2014, el Estado aún no reconocía oficialmente la existencia de PIACI de la etnia Kakataibo. Sin embargo, un año antes el Viceministerio de Interculturalidad ya había autorizado a un equipo a realizar un Estudio Previo de Reconocimiento (EPR) para cotejar 18 testimonios sobre la existencia de personas en aislamiento en la ruta de Puerto Azul, Puerto Nuevo, Santa Martha y Unipacuyacu. Su posterior confirmación fue el sustento para aprobar el Decreto Supremo N.° 004-2017-MC que crea la Reserva Indigena Kakataibo.

La resolución que aprobó la entrega de estos terrenos se aprobó el 18 de diciembre del 2014, en la gestión del entonces gobernador de Huánuco y actual congresista por Podemos Perú, Luis Picón Quedo, recientemente condenado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción cuando lideraba la región. La subdivisión de los predios en Registros Públicos se realizó entre abril y agosto de 2015, en el periodo del gobernador Rubén Alva Ochoa. Ninguno de ellos quiso declarar para este reportaje.

Solicitamos una entrevista con Cillóniz Champín a través de correos electrónicos y vía telefónica con su secretaria en Aceros Arequipa. Ella indicó que el empresario se encuentra fuera del país, pero que su representante legal ya tenía conocimiento de nuestro pedido y que de no haber respuesta era “porque no están interesados”. Hasta el cierre de edición no devolvieron las comunicaciones.

El despojo del territorio solicitado por los indígenas de Santa Martha se concretó con apoyo de las autoridades de Huánuco cuando el pedido de los comuneros seguía en trámite. En los archivos regionales encontramos un documento de 1997 donde el área legal de la Dirección Regional de Agricultura recomienda declarar improcedente el reclamo, pero no se concretó. El especialista de la ONG Instituto del Bien Común (IBC), Ermeto Tuesta, recuerda que los líderes indígenas fueron notificados de estas intenciones una década después, en 2007.

Otro informe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), de 2009, indica que hasta ese año no existía una resolución formal de archivo, pese a que ya tenían 332 predios en proceso de formalización en estos bosques. Es más, en el expediente regional de 2014, que aprueba la parcelación a favor de Cillóniz y sus vecinos, se incluyen mapas de Cofopri donde aún aparece el área de ampliación de Santa Martha.

¿Cuándo se archivó o desestimó el pedido de la comunidad nativa? Coordinamos una entrevista presencial con el actual gobernador de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, pero tras escuchar las preguntas, él nos pidió suspender el encuentro alegando no tener suficiente información de los procesos de titulación y la presencia de invasores en las zonas kakataibo. Hasta el cierre de edición, no aceptó una reprogramación.

Cuatro de los seis pueblos que rodean la Reserva Indígena Kakataibo Sur fueron titulados por el Estado hace décadas: Santa Martha en 1986, Sinchi Roca I en 1974 y 1986, Sinchi Roca II en 1994, y Puerto Nuevo en 1985 y 1994. No se aprobaron nuevas inscripciones hasta el 2006, año en que la comunidad nativa de Puerto Azul obtuvo un título que solo reconoce el 10% de las 32 mil hectáreas que históricamente le corresponden. El territorio restante sigue en trámite desde 1991 y atraviesa las regiones de Ucayali y Huánuco, en el límite con la Reserva Indígena.

La zona en disputa atraviesa las provincias de Padre Abad (Ucayali) y Puerto Inca (Huánuco), y en su interior se identifican dos concesiones madereras otorgadas por el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) en 2002. Ambos permisos fueron anulados entre 2015 y 2018, luego que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna (Osinfor) determinó que las empresas beneficiarias realizaron prácticas ilegales.

Las concesionarias fueron Proyect World Green Perú, del empresario Thomas Benavente Jaramillo; y Empresa Forestal El Aguajal propiedad de los hermanos Marcelo y José Luis Maguiña Paredes. Este último fue tres veces alcalde de la provincia de Padre Abad y obtuvo la concesión forestal meses antes de ser electo. Solo el área otorgada a Forestal El Aguajal tiene una extensión de 17.774 hectáreas; cuatro veces más grande que el territorio titulado a favor de la comunidad Puerto Azul.

Esta empresa fue incluida en la lista roja del Osinfor por facilitar el transporte y extracción ilegal de árboles como tornillo, lupuna y shihuahuaco; mientras que a Proyect World Green Perú se le investigó por incumplir su plan de manejo forestal y apeló la decisión hasta el Tribunal Constitucional. En sus argumentos de defensa ambas compañías dijeron ser víctimas de invasores que talaban sin permiso para comercializar madera, sembrar pastizales u hoja de coca ilegal. En específico, Proyect World reportó que los usurpadores abrieron una trocha clandestina de hasta 43 kilómetros para conectar su concesión con la ciudad de Aguaytía, capital del distrito de Padre Abad.

En el polígono analizado aparece otro permiso forestal vencido que se otorgó en 2003 junto a la Reserva Kakataibo Sur Esta fue aprobada sobre un área de 4.682 hectáreas a favor de Lander Panduro Rengifo, un empresario maderero que aparece en la lista roja de Osinfor por malas prácticas.

Estas concesiones forestales retornaron a la administración del Estado, pero, las dos primeras han sido tomadas por el crimen organizado.

En el límite de los pueblos kakataibo se identifican otras tres concesiones madereras activas que presionan sus bosques. La primera se ubica en un terreno contiguo a la comunidad nativa de Sinchi Roca y se muestra ampliamente deforestada. La segunda se superpone parcialmente con el mencionado territorio indígena, y la tercera colinda con Puerto Nuevo. Estas parcelas ya muestran infiltración de cultivos ilegales de coca y sus permisos son vigentes hasta el año 2043.

Además de los cocaleros, este sector de la Amazonía es codiciado por taladores ilegales que buscan grandes árboles de caoba, tornillo y lupuna para su comercialización. Sin embargo, no se puede conocer con certeza cuánta madera sale de Huánuco porque las guías de transporte que exige el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) son llenadas por los funcionarios regionales a mano, en cuadernos. A diferencia de Ucayali, y pese a albergar pueblos indígenas y bosques, Huánuco no cuenta con gerencias especializadas en materia forestal ni comunidades nativas.

—En Huánuco no existen registros digitales que nos permitan ver los trámites en línea. Todo se llena en cuadernos. Cuando necesitamos confirmar la madera que sale de esta región hasta Ucayali debemos llamar directamente a los trabajadores de la Administración Técnica Forestal de Puerto Inca y cotejar cada dato —explica Franz Tang Jara, gerente forestal de la vecina región de Ucayali.

La petrolera respondió asegurando que el Lote 107 no se superpone con la Reserva Indígena Kakataibo Sur, y que en el caso del Área de Conservación Regional Codo del Pozuzo, ellos mismos enviaron un escrito para dar conformidad a su creación en 2021, pese a que cruza con parte del derecho que adquirieron en 2005. Sin embargo, precisaron que “no hay interés geológico en dicha área” porque sus pozos de exploración se ubican en los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución, en la vecina región Pasco.

Respecto al Lote 131, indicaron que PetroTal Corp. firmó un acuerdo con la empresa Cepsa para adjudicarse el contrato, el mismo que está sujeto al cumplimiento de condiciones como continuar los trabajos de exploración en el campamento Los Ángeles, que se encuentra fuera del territorio de la comunidad nativa Sinchi Roca.

Si bien los permisos forestales y petroleros son anteriores al 2021, año en que el Estado oficializó la Reserva Indígena Kakataibo, las imágenes satelitales y documentos analizados confirman que el Estado aprobó cuatro concesiones mineras dentro de este territorio cuando ya se había declarado su carácter intangible.

La entrega de concesiones privadas en pueblos en aislamiento vulnera las recomendaciones de la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2013, esta institución emitió un informe donde se pide a los gobiernos abstenerse de otorgar licencias o permisos para realizar actividades extractivas en estas zonas y, en caso ya se hayan otorgado, sugiere identificar las modificaciones necesarias “para garantizar el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas (...) y realizarlas a la brevedad”.

En los expedientes de las cuatro concesiones activas se adjuntan oficios del Ministerio de Cultura y del Serfor que advierten de la superposición con las tierras kakataibo. Por ejemplo, la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento (DACI) del sector Cultura señala que en un el 88,4% de Pampa Hermosa Amazon atraviesa la Reserva Indígena, ecosistemas frágiles y un bosque de producción permanente.

“Esta superposición del polígono del petitorio minero amenaza directamente los medios que aseguran la supervivencia del pueblo indígena en situación de aislamiento (PIA Kakataibo), al tratarse de pueblos altamente integrados e interdependientes de los ecosistemas en los que habitan, desarrollan sus vidas y su cultura. Además, el ingreso a esta zona significaría una violación a los derechos de los PIA Kakataibo”, adviertió el sector Cultura en uno de los oficios enviados al Gobierno Regional de Huánuco.

Sin embargo, esto no fue impedimento para su aprobación, en julio de 2024. En el expediente se asegura que no habrá afectación a los pueblos indígenas porque la autorización otorgada a Pampa Hermosa Amazon no implica la explotación de recursos.

—Es una concesión parcial. Se les autoriza el uso, pero en la misma resolución dice que se deben respetar los derechos preexistentes. Ellos no podrán entrar a la Reserva Indígena, de hacerlo sería minería ilegal. Solo pueden entrar a la zona libre —dijo para este reportaje Vilma Vilcas Melchor, directora regional que aprobó el trámite.

La zona donde se otorgaron las concesiones mineras corresponde a Codo del Pozuzo, un distrito donde la minería ilegal de oro se expande velozmente junto a los ríos. Así lo confirman las autoridades locales y un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú). No es posible conocer cuántos ilegales e informales se han posicionado en este sector, pero la ambición por el oro está aumentando. Solo en las cuencas de los ríos Aguaytía, Sungaroyacu y Codo del Pozuzo —fuera de las comunidades kakataibo y del área intangible— logramos identificar 40 concesiones mineras tituladas y otras 19 en trámite.

Unipacuyacu: la legalización del despojo

La fotografía de Arbildo Meléndez Grandez pasa de mano en mano entre los hombres y mujeres que se han reunido en el local comunal de Unipacuyacu para recibirnos. No veían su imagen desde hace cuatro años, en 2020, cuando fue asesinado con un disparo de escopeta. Unos sonríen, otros se tocan la cabeza o intercambian miradas al recordar al líder kakataibo. “Arbildo hablaba mejor que todos nosotros. Iba a las reuniones con autoridades, denunciaba la invasión, la tala del bosque y a los narcos, por eso murió”, dice uno de sus habitantes.

Arbildo Meléndez fue el primer defensor ambiental asesinado en Perú durante la pandemia. Su perpetrador, Redy Rabel Ibarra Córdoba, fue sentenciado a 4 años 7 meses de cárcel por homicidio culposo, tras alegar que estaba de caza y confundió al apu con un animal, pero para los indígenas esta versión no es creíble. Ellos aseguran que lo mataron por defender sus tierras. “Unos meses antes, Arbildo se había reunido con el relator especial por los derechos humanos de la ONU para solicitar apoyo en la titulación de la comunidad”, afirma Ricardo Pereyra Octavio, uno de los líderes de la comunidad.

La comunidad nativa de Unipacuyacu es el único de los pueblos kakataibo que no ha sido titulado en el sector que corresponde a Huánuco, específicamente en el distrito de Codo del Pozuzo. El trámite está encarpetado en el gobierno regional desde hace casi tres décadas, pese a que en 1995 el Ministerio de Agricultura lo reconoció como pueblo indígena.

Su territorio ancestral y despensa natural de alimentos comprende unas 22.946 hectáreas —una extensión similar a toda la ciudad de La Plata, en Argentina—, pero en todo este tiempo de silencio estatal, grupos vinculados al tráfico de tierras, narcotráfico y la tala ilegal consiguieron replegar a sus habitantes a un área que representa menos del 0.01%.

—No podemos entrar al bosque, no podemos cazar, no tenemos chacras, solo un pequeño espacio para nuestras casas. Vivimos hacinados. Hay caminos que no podemos pasar porque hay personas armadas ahí, nos han despojado de nuestra propia tierra —cuenta un habitante de la comunidad.

Los comuneros empezaron a huir de Unipacuyacu por las amenazas que recibían de personas vinculadas al narcotráfico y la tala ilegal, pero ahora, cuatro años después del crimen, los kakataibo han retornado al pueblo para insistir en la defensa de sus bosques y la titulación de sus tierras comunales.

—Exigimos el título porque con él podremos desalojar a los invasores de nuestras tierras. Será difícil retirarlos, pero tendremos seguridad legal para defendernos de la invasión —dice un líder de Unipacuyacu.

Desde 2019, el encargado de la fase operativa de la titulación de Unipacuyacu fue el Midagri, a través del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú (PTRT3). Este encargó a la empresa SITG S.A. la elaboración del diagnóstico socioambiental, arqueológico y territorial de la comunidad, un requisito esencial para aprobar el trámite. Para ello se realizaron recorridos en el bosque en los que el apu Arbildo Meléndez fue un apoyo clave. Su foto aparece en la portada del estudio junto a los ingenieros responsables.

El informe de SITG S.A. se presentó en marzo del 2020 al Midagri y a la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco, pero esta última no cumplió con emitir una opinión al respecto. Desde enero del 2023, la fase operativa y administrativa de la titulación están a cargo del gobierno regional, y se necesita actualizar la demarcación limítrofe en el campo. Sin embargo, dicha labor se ha visto obstruida por nuevos grupos de invasores que llegaron en la pandemia. Las autoridades y comuneros reportan ataques con armas de fuego a todo aquel que intenta adentrarse en la zona.

Consultados al respecto, el equipo técnico del PTRT3 Huánuco respondió por escrito que no tienen planeado volver a ingresar al bosque. “No se ha efectuado acciones de planeamiento y programación de los trabajos de campo para el inicio de la demarcación del territorio de Unipacuyacu, debido a que no existen las garantías necesarias para cautelar la vida y la integridad del personal GTS [Grupos de Trabajo Supervisados], representantes de la comunidad ni comuneros en general”, indicaron.

En abril de 2024 los líderes de la comunidad nativa presentaron una demanda de amparo contra la Dirección Regional de Agricultura por no garantizar la protección de sus derechos fundamentales a la propiedad y posesión de territorios ancestrales. Hasta la fecha el Poder Judicial no emite respuesta.

En agosto pasado, el Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia instaló la mesa regional para la protección de defensores; un espacio que permitió concretar reuniones entre el sector Agricultura e Interior, la Policía Nacional, el gobierno regional y dirigentes amazónicos para completar el saneamiento físico legal de Unipacuyacu. La Policía logró diseñar un plan de inteligencia para colocar los hitos faltantes de forma segura, con el despliegue de 4 brigadas conformadas por camionetas, un escuadrón policial y personal técnico. Su objetivo era ingresar de forma inmediata, sin embargo, las coordinaciones quedaron trabadas.

Los líderes de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau) explicaron que la Dirección de Agricultura de Huánuco y el PTRT-3 dijeron que necesitan varios meses para conformar sus respectivos equipos. Ellos consideran que esto demuestra el desinterés del gobierno regional por ayudar a las comunidad kakataibo, sobre todo luego que en las mencionadas reuniones, la coordinadora del PTRT-3 Judith Trujillo mencionó que parte del expediente de Unipacuyacu ha desaparecido. Nos comunicamos con el Ministerio de Cultura, pero no respondieron para este reportaje.

A diferencia de lo que ocurrió en Santa Martha, en Unipacuyacu las autoridades no han titulado predios a favor de privados, pero sí se avaló la expansión de núcleos poblacionales en su interior. En 2008, el entonces alcalde provincial de Puerto Inca, Leonidas Melanio Núñez Vera, firmó las resoluciones que crearon caseríos y el centro poblado de Nueva Libertad sobre un área que se superpone a la comunidad nativa.

—Si entregué un reconocimiento como centro poblado a Nueva Libertad fue por la necesidad que había en el lugar. Eso no significa que son dueños de la tierra, solo fue para que el Estado pueda atender sus necesidades, como implementar una escuelita. Para aprobar el reconocimiento se convocó a sesión de Concejo y se inspeccionó el terreno para ver quiénes habitaban ahí. Encontramos más de 60 familias. El asesor legal recomendó reconocerlos porque había muchas necesidades —dice el exalcalde Núñez Vera.

Él asegura que, en aquel entonces no habían sido notificados de algún título o proceso en trámite que hubieran iniciado los comuneros de Unipacuyacu. Este pedido, sin embargo, se gestiona ante el gobierno regional, no ante el despacho provincial. No solo se omitió consultar a la región antes de aprobar el trámite, sino que este es ilegítimo porque la Ley 27795 señala que la categorización de los centros poblados es una función exclusiva de los gobiernos regionales.

—Nunca recibí un documento en contra del Gobierno Regional de Huánuco por el reconocimiento de Nueva Libertad —añade el exalcalde provincial.

Hasta el momento, el centro poblado ni la comunidad nativa han logrado concretar la titulación.

El presidente de la ronda campesina de Nueva Libertad es Miguel Ángel Quispe García, quien dice representar a 120 parceleros que se dedican a la ganadería y al cultivo de plátanos, piña y papaya. Afirma que los invasores son los kakataibo y que muchos de los comuneros que reclaman el territorio ni siquiera pertenecen a esta etnia.

—La comunidad Unipacuyacu está asentada al margen izquierdo del río Zúngaro, nosotros estamos en el lado derecho. Ellos [los kakataibo] no tienen manejo de tierras, ni conservación de bosques, no hay evidencia de su trabajo (...) Me han denunciado por secuestro, asesinato y amenazas, pero son calumnias. No he cometido ninguno de esos delitos. Yo vivo en esas tierras desde los 80, estoy casado con una kakataibo —añadió Quispe García.

El dirigente de este centro poblado asegura que en 2019 sus habitantes consiguieron que la Agencia Agraria de Puerto Inca les entregue constancias de posesión individuales sobre estas mismas tierras. Como prueba, mostró una hoja membretada con el logo de esta oficina y el número 045-20219-GR-DRA-HCO/AA-PI, a nombre de Esteban Vingolea Rivera y Angela Satalay Perez. Este documento supuestamente acredita que ambos son posesionarios de una parcela 105 hectáreas en el sector Nueva Libertad, pero no lleva sello o nombre del firmante, solo un trazo al pie de página.

Compartimos el documento con el actual director de la Agencia Agraria, Sixto Arce, quien señaló que no puede verificar su legalidad debido a que no cuentan con los archivos de registros otorgados ese año.

Hoy Nueva Libertad es un pueblo con internet satelital, reservorios de agua y paneles solares. Cuenta con un colegio multigrado, de cemento y ladrillos, construido en 2021 con recursos de los propios padres de familia, para atender a los únicos 17 alumnos del pueblo.

—Aquí se puede conseguir una hectárea de tierra a 5 mil soles, pero es bosque. Si quieres un terreno en pampa vale 15 mil soles, pero podemos llegar a un acuerdo —nos dice uno de sus vecinos.

La mayoría de familias señala que sus ingresos provienen de la agricultura, ganadería o el alquiler de tierras de cultivo, aunque reconocen que algunos tienen sembríos de cocales y saben de unos pocos que transportan droga. Los datos satelitales y mapas de Devida muestran que las plantaciones ilegales de coca se expanden en el territorio ocupado por Nueva Libertad. Sin embargo, su dirigente dice que eso es falso.

—Dicen que tenemos aeropuertos y hoja de coca, pero no es cierto. Hemos pedido a las autoridades que vengan a supervisar, que ingresen para que comprueben que no tenemos nada. En el 2004 Devida ingresó a Nueva Libertad porque antes había coca, todo esto era monte. Nos ayudaron a instalar nuestra escuelita. Lo malo de Devida es que encuentran un cuarto de hectárea de coca y lo maximizan —añade Quispe García.

Pese a que los datos de Devida son públicos, el actual alcalde de la provincia de Puerto Inca, Carlos Cruzado Navarro, tiene una opinión similar sobre el avance de los sembríos ilícitos en las comunidades nativas y en todo el distrito de Codo del Pozuzo. Dice que “parece cuento”.

—Desconozco si hay hoja de coca en Codo del Pozuzo. Lo que sí hay es minería ilegal, en varios puntos de la provincia, y está perjudicando al medio ambiente y el agua que usamos para nuestros negocios de cultivo y ganado. La coca era hace 20 a 10 años atrás, ahora parece cuento porque en la actualidad toda esa zona es ganadera. Los pobladores tienen ganado y cultivos de cacao, a eso se dedica la mayoría. Yo mismo soy ganadero desde hace 20 años atrás —señaló.

En Nueva Libertad, los vecinos refieren que hay tramos del bosque tomado por los cocaleros y el crimen organizado a los que no pueden ingresar por temor a ser baleados. Pero este grado de violencia no parece ser el mayor problema para los hombres y mujeres que entrevistamos en el centro poblado, sino evitar que los kakataibo de Unipacuyacu recuperen sus tierras.

—No nos vamos a ir. Pelearemos hasta lo último porque esta tierra ahora es nuestra —dice una de las invasoras.